El Economista Rafael Correa ha visualizado la crisis global y se prepara para enfrentarla, por supuesto la óptica es diferente a la del político revolucionario ciudadano Presidente, porque en la primera buscando recursos económicos su prioridad son las cifras y en la otra busca votos reivindicando derechos ciudadanos. Esta dicotomía se ha hecho visible ante el riesgo de la crisis global de la cual no estará libre la Revolución Ciudadana , por lo tanto ningún ciudadano de las decisiones del gobierno, en el marco de la relación Estado-sociedad.
Es vital consolidar unidad y conciencia frente a la crisis. Rafael Correa está obligado a abrir un diálogo amplio y sus opositores a proponer y no solo esperar su error, porque el fenómeno global se llevará por delante todo, sin distingos entre izquierdas o derechas, obligándonos a repuestas propias, ser innovadores sin temor incluso a nuevos desequilibrios internos entre el nuevo y el viejo poder, confrontados entre la prioridad de lo público y lo privado que se siente "irremplazable". No hay tiempo que perder para repotenciar al país y enfrentar contingencias en frentes que nos desbordan como Estado y mercado y si nos fraccionamos mas en rencillas donde las partes solo miran su ombligo los riesgos solo crecerán.
Soy del criterio que no basta con estabilizar la economía cada gobierno a su manera, sino que debemos transformarla sobre la base de en un gran acuerdo político, porque aun culpando la revolución a los poderes hegemónicos globales, la indignación globalizada ya no reconoce fronteras sino razones para culpar a los devaneos internos de siempre: el discurso cuestionador que cuando llega al gobierno se convierte en justificador o la imposición de una autoridad absoluta que siente mas vocación por el poder que la de ser gobierno, esa es la primera batalla perdida.
De plácemes no puede estar la oposición, si el gobierno cambia de vocación en convicciones de coyuntura, optando por lo que antes consideró causas perdidas, el mandatario tiene nuevas prioridades: equilibrar el presupuesto sin poder eludir medidas anti populares, tales como como recortar subsidios al gas, combustibles o la creación de nuevos impuestos, pero a la fecha se ha producido algo fuera de tono con su agenda socialista: el despido masivo de empleados públicos, considerándolos ineficientes, innecesarios y hasta corruptos públicamente, pero sin transparentar las pruebas y evaluaciones, que según declaraciones de la Ministra Solís y el Ministro Espinoza han sido las causales .
Recordemos que inicialmente se considero que una prioridad fortalecer el sector público especialmente en el área social, para dejar sin piso los cuestionamientos privatizadores, hacerlo crecer se considero una inversión para el desarrollo, vale citar también los exitosos procesos en Aduana y Registro Civil, donde la autoridad hizo la diferencia buscando el cambio donde otros solo llegaron para medrar del sistema y sobre todo por el respaldo del presidente, para evitar que INFLUYENTES (Subsecretarios o Viceministros, Asambleistas, etc) de doble discurso bloqueen la tarea de estructurar la nueva institucionalidad de servicio público. Esa es la diferencia señor Presidente: ser mas gobierno revolucionario y buen administrador mas no solo poder .
En esta ocasión el mandatario buscando un radical giro, pareciera encontró a muchos sin el control debido del volante en el apuro, porque luego de 4 años donde las autoridades no solo reestructuraron la función pública, mejorando se dijo sus procesos administrativos institucionales, se evaluó el personal buscando racionalidad y optimización, promocionando el servicio de calidad con calidez. Sin embargo LA REALIDAD ES OTRA, se sigue buscando los mismos objetivos porque no se los ha logrado y la purga de corruptos e ineficientes sigue siendo una necesidad, porque se corrigen ciertos abusos de empleados inferiores mas no los malos usos institucionales de mandos medios con la inobservancia de autoridades.
El número de instituciones y la forma en que se coordinan luego de 4 años no podría ser la causa, sino el exceso de personal y prebendas ya no sostenibles, porque no puede ser falta de idoneidad cuando se los ha evaluado semestralmente a los servidores públicos sin que exista un informe "catastrófico" que haga necesaria una decisión radical y oportuna, para hacerlo TARDE Y A CIEGAS, porque alguien silenció la realidad, mintió o se benefició del llamado viejo sistema. El cambio radical es necesario pero garantizando derechos, sin violentar la Constitución y menos metiendo en el mismo saco a corruptos con innecesarios, al amparo de un Decreto Presidencial que modificaría la ley e incluiría una causal no prevista en ella- la renuncia obligatoria-, si bien existe un nudo crítico jurídico para resolver un problema económico que drena al Estado, no es menos cierto que sancionar a los corruptos si se puede, evitando indemnizar a quien posiblemente se debe penalizar.
Si algo caracteriza al Presidente, es su sensibilidad social, prueba de ello es que mantiene una serie de bonos que drenan el presupuesto por no desatar un nudo critico en lo político, bonos con el cual anteriores gobiernos eludieron la responsabilidad para generar empleo prefiriendo el atajo de la compasión y evitar una explosión social. El Estado ahora tendrá un egreso "por primera y última ocasión" para pagar las indemnizaciones pero nada raro será que luego se requiera mas dinero para atender una mayor demanda de bonos, porque los desempleados crecen en razón de que repentinamente cualquiera puede ser obligado a renunciar. Es fácil inferir que el mandatario empieza a ver cifras más allá de sus frases y discurso solidario-humanitario para invitarnos a una "modernización pero a la antigua", contradiciendo una Constitución de vanguardia que impulsó y la blindó en referéndum para que no sea letra muerta.
Recordemos que inicialmente se considero que una prioridad fortalecer el sector público especialmente en el área social, para dejar sin piso los cuestionamientos privatizadores, hacerlo crecer se considero una inversión para el desarrollo, vale citar también los exitosos procesos en Aduana y Registro Civil, donde la autoridad hizo la diferencia buscando el cambio donde otros solo llegaron para medrar del sistema y sobre todo por el respaldo del presidente, para evitar que INFLUYENTES (Subsecretarios o Viceministros, Asambleistas, etc) de doble discurso bloqueen la tarea de estructurar la nueva institucionalidad de servicio público. Esa es la diferencia señor Presidente: ser mas gobierno revolucionario y buen administrador mas no solo poder .
En esta ocasión el mandatario buscando un radical giro, pareciera encontró a muchos sin el control debido del volante en el apuro, porque luego de 4 años donde las autoridades no solo reestructuraron la función pública, mejorando se dijo sus procesos administrativos institucionales, se evaluó el personal buscando racionalidad y optimización, promocionando el servicio de calidad con calidez. Sin embargo LA REALIDAD ES OTRA, se sigue buscando los mismos objetivos porque no se los ha logrado y la purga de corruptos e ineficientes sigue siendo una necesidad, porque se corrigen ciertos abusos de empleados inferiores mas no los malos usos institucionales de mandos medios con la inobservancia de autoridades.
El número de instituciones y la forma en que se coordinan luego de 4 años no podría ser la causa, sino el exceso de personal y prebendas ya no sostenibles, porque no puede ser falta de idoneidad cuando se los ha evaluado semestralmente a los servidores públicos sin que exista un informe "catastrófico" que haga necesaria una decisión radical y oportuna, para hacerlo TARDE Y A CIEGAS, porque alguien silenció la realidad, mintió o se benefició del llamado viejo sistema. El cambio radical es necesario pero garantizando derechos, sin violentar la Constitución y menos metiendo en el mismo saco a corruptos con innecesarios, al amparo de un Decreto Presidencial que modificaría la ley e incluiría una causal no prevista en ella- la renuncia obligatoria-, si bien existe un nudo crítico jurídico para resolver un problema económico que drena al Estado, no es menos cierto que sancionar a los corruptos si se puede, evitando indemnizar a quien posiblemente se debe penalizar.
Si algo caracteriza al Presidente, es su sensibilidad social, prueba de ello es que mantiene una serie de bonos que drenan el presupuesto por no desatar un nudo critico en lo político, bonos con el cual anteriores gobiernos eludieron la responsabilidad para generar empleo prefiriendo el atajo de la compasión y evitar una explosión social. El Estado ahora tendrá un egreso "por primera y última ocasión" para pagar las indemnizaciones pero nada raro será que luego se requiera mas dinero para atender una mayor demanda de bonos, porque los desempleados crecen en razón de que repentinamente cualquiera puede ser obligado a renunciar. Es fácil inferir que el mandatario empieza a ver cifras más allá de sus frases y discurso solidario-humanitario para invitarnos a una "modernización pero a la antigua", contradiciendo una Constitución de vanguardia que impulsó y la blindó en referéndum para que no sea letra muerta.
La segunda batalla perdida es que la oposición ciudadana solo llegará a demandas de inconstitucionalidad en una Corte de "transición infinita" que le debe la vida a la revolución mas que a los ciudadano, pero sobre todo tenemos otra tragedia: la oposición política no tiene en sus manos una propuesta seria y menos el cambio porque solo busca pescar a río revuelto, por lo tanto la población esta sujeta a los claros oscuros tanto de la revolución como de las rebeliones en un pulso político a tiempo completo.
¿Cuál es la propuesta si el gobierno falla? No puede ser solo combatir en las calles, por ejemplo si el gobierno ha decidido imponer el Decreto ejecutivo 813 que reforma el Reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Público, aun cuando está planteado un recurso ante la Corte Constitucional sin resolver. Mejor sería hurgar en los ejes que sostiene el gobierno en su plan de obligar las renuncias, en justificaciones tales como: aún en la tardía necesidad de reestructurar el aparato público, optimizarlo y racionalizarlo, pero aplicando la ley y a todos por igual.
Ubicados ya en el dialogo el siguiente paso será sincerar las posiciones, promover procesos de evaluación no solo del personal sino de las autoridades, la eficiencia de los flujos administrativos y los mecanismos para garantizar transparencia y rendición de cuentas, entonces MODERNIZAR EL ESTADO tiene otras dimensiones que las propuestas y no solamente "obligar renuncias legalizadas y debidamente financiadas", vale decir que el Estado también pierde despidiendo funcionarios con capacidad y experiencia, como al mantener corruptos e ineficientes o "rotarlos" en otras instituciones, con derecho a indemnizarlos en el futuro porque ahora tienen amigos influyentes, cuando deberían ser penalizados.
Basta citar una posibilidad de injusticia: asumamos que existe una autoridad que ha lucrado con la complicidad de mafias burocráticas y no las ha combatido, sino que las ha chantajeado con la permanencia en el cargo y alguna migaja de la troncha, que ha impedido la modernización de las instituciones para mantener un esquema fáctico, que ha dilapidado el presupuesto en obras que no eran necesarias sino convenientes para un circulo intimo de de contratistas, manipulando los Comités de Contratación en forma tan abierta que todos lo conocen pero callan a la vez, sin embargo dicha autoridad arbitraria define quien se va (el o la que molesta sus propósitos) y quienes se quedan (los sumisos que colaboran). Dicho caso debo decirlo no me lo han contado solamente, sino que hay pruebas fehacientes de una impunidad vergonzosa.
Siendo varios los escenarios que impone la crisis global, he hecho énfasis en el despido de trabajadores, por haberse ya implementado, dejando en claro que respaldo un cambio revolucionario que busque elevar la calidad y eficiencia del servicio público, como la actitud de los servidores para asumir ese rol, garantizando derechos al usuario ciudadano que no pueden ser asumidos como un favor desde sus privilegios, generalmente justificados en haber llegado al poder (derecho al botín), pero considero oportuno expresar lo siguiente:
¿Cuál es la propuesta si el gobierno falla? No puede ser solo combatir en las calles, por ejemplo si el gobierno ha decidido imponer el Decreto ejecutivo 813 que reforma el Reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Público, aun cuando está planteado un recurso ante la Corte Constitucional sin resolver. Mejor sería hurgar en los ejes que sostiene el gobierno en su plan de obligar las renuncias, en justificaciones tales como: aún en la tardía necesidad de reestructurar el aparato público, optimizarlo y racionalizarlo, pero aplicando la ley y a todos por igual.
Ubicados ya en el dialogo el siguiente paso será sincerar las posiciones, promover procesos de evaluación no solo del personal sino de las autoridades, la eficiencia de los flujos administrativos y los mecanismos para garantizar transparencia y rendición de cuentas, entonces MODERNIZAR EL ESTADO tiene otras dimensiones que las propuestas y no solamente "obligar renuncias legalizadas y debidamente financiadas", vale decir que el Estado también pierde despidiendo funcionarios con capacidad y experiencia, como al mantener corruptos e ineficientes o "rotarlos" en otras instituciones, con derecho a indemnizarlos en el futuro porque ahora tienen amigos influyentes, cuando deberían ser penalizados.
Basta citar una posibilidad de injusticia: asumamos que existe una autoridad que ha lucrado con la complicidad de mafias burocráticas y no las ha combatido, sino que las ha chantajeado con la permanencia en el cargo y alguna migaja de la troncha, que ha impedido la modernización de las instituciones para mantener un esquema fáctico, que ha dilapidado el presupuesto en obras que no eran necesarias sino convenientes para un circulo intimo de de contratistas, manipulando los Comités de Contratación en forma tan abierta que todos lo conocen pero callan a la vez, sin embargo dicha autoridad arbitraria define quien se va (el o la que molesta sus propósitos) y quienes se quedan (los sumisos que colaboran). Dicho caso debo decirlo no me lo han contado solamente, sino que hay pruebas fehacientes de una impunidad vergonzosa.
Siendo varios los escenarios que impone la crisis global, he hecho énfasis en el despido de trabajadores, por haberse ya implementado, dejando en claro que respaldo un cambio revolucionario que busque elevar la calidad y eficiencia del servicio público, como la actitud de los servidores para asumir ese rol, garantizando derechos al usuario ciudadano que no pueden ser asumidos como un favor desde sus privilegios, generalmente justificados en haber llegado al poder (derecho al botín), pero considero oportuno expresar lo siguiente:
No puede ser racional impulsar a los jóvenes poniendo en riesgo la jubilación de quienes se consideren viejos, aunque pareciera conveniente quitarse ese peso como Estado y ganar “nuevos aportantes” a largo plazo, olvidando que la reinserción laboral será muy difícil en nuestra economía donde personas de mas de 40 años tienen el carácter de NO APTOS pese a su experiencia, se podrá argumentar que no representan una cifra mayor por lo tanto hay que cuidar a la mayoría, pero se lo hace pensando mas en las cuentas que en los derechos.
No es óptimo el sistema sobre el cual pretende adjudicarse la discrecionalidad de otorgar el cielo o el infierno a sus semejantes, porque nadie garantiza que se queden los "no buenos pero considerados leales", cuyas prioridades no son ni la revolución menos la meritocracia, esta última que sigue siendo una loable aspiración como la búsqueda de equidad para participar en el portal de compras públicas. ¿Que creen esta sucediendo? donde alguien considerado un H de P (hijo de la partidocracia) resultó tener la mente más lúcida, el corazón más ardiente y las manos más limpias que un confiable soldado de la revolución, el cual permanecerá pese a sus errores u olvidos, la repuesta es una autoridad fallida pero sostenida en la arbitrariedad.
La reestructuración no escapará a la realidad política de quienes al final terminan siendo generosos con la plata del pueblo, aunque el discurso diga lo contrario, por lo tanto el ahorro será poco y el costo social será indiscutible al "llenarse nuevamente las vacantes", porque el buen vivir de la sociedad no se hace sobre la base de la desprotección de unos para favorecer a otros y donde la ley se aplica a unos pero para otros quedan los privilegios, amnistías e indulgencias.
No hay transparencia cuando se opta por interpretar los derechos y no reconocerlos a todos por igual, deja dudas cuando se considera una prioridad la reinserción laboral de los trabajadores de los casinos que fueron cerrados, y por otro lado sentir olvido o no tener el mismo compromiso con los obligados a renunciar, ciertamente donde se reconoce una indemnización hay la aceptación de un perjuicio, pero deja de ser fruto de un derecho para depender del estado de animo de la autoridad, cuando esta no guarda proporción con el perjuicio y los efectos colaterales de una inédita invitación a perjudicarse por obligación. No todo lo resuelve el dinero en cuestión de seguridad social y menos tratándose de personas a las cuales ya solo se las ve como cifras y futura carga.
No cabe pensar solo en acumular ingresos de personas que se verán obligadas a la afiliación voluntaria aun en el desempleo para no perder su jubilación, y olvidar por un buen tiempo el retorno de prestaciones que por muchos años acumularon los trabajadores, quienes esto lo han calculado o lo han olvidado deben ser identificados como ejemplos de otro caso de mala practica política.
En este tema será necesario proponer medidas que garantice el respeto a la Constitución, disponiendo la prohibición de obligar a lo que solo debe ser voluntario, siempre y cuando no se haya actuado contra ley expresa por parte de un trabajador, además impedir que ponga en riesgo su jubilación y compensarlo proporcionalmente a lo que puede perder, porque el trabajador no es una mercancía que el Estado administra como parte de su negocio o se regala como beneficencia para otros.
El Estado buscando ser “moderno” no debe competir con la avaricia de los mercados financieros, porque la dimensión de su eficiencia es otra y el fin para el cual fue creado distinto por la forma que integra los elementos que lo constituyen (pueblo, gobierno, territorio, soberanía), ni será posible sostener una minoría dependiendo mas de una valoración de afecto o desafecto a un determinado gobierno.
Mucho se habla de la protección a grupos vulnerables, al amparo de una Constitución de plenas garantías, pero ante la posibilidad de recortar el tiempo para la jubilación de la mujer el gobierno ha sido tajante en su negativa y ahora ha comenzado a despedir mujeres, adultos mayores, no solo arriesgando su jubilación y futuro sino enterrando su propio discurso: !la seguridad social ya es de todos! al olvidar preguntarse ¿cómo la tendrán quienes ahora están obligados a renunciar a sus empleos?. El problema señor Ministro de Relaciones Laborales no es solo de "pagar" bien a su criterio por el repentino despido, sino evitar la desestabilización de los que si cumplen y nada deben pero si temen la aplicación desproporcionada de un poder de primera y ultima instancia que aunque sea revolucionario no está libre de retrogrados o errores, por lo tanto es vital que se transparente las razones de un despido, se garantice una reinserción laboral o el emprendimiento, si queda convicciones en un Estado de Derecho y Justicia.
¿Cuánto es el ahorro en la economía? y ¿cuánto es el costo social? son preguntas para iniciar la tarea más no para cerrar el paso a una más importante: ¿podemos ayudar al economista que nos preside? Y el economista ¿sabrá cuánta ayuda requiere? para convocar al país que no es su movimiento y enfrentar la crisis que hace tiempo mencionó no nos afectaría, pero ahora está cuidando que el impacto sea menor. Importante será respondernos para no sumar en forma acrítica rebeldes a la revolución o esperar que en forma traumática la crisis nos revolucione, con el riesgo que la soga se rompa siempre por el lado más flaco y tensada de la manera más torpe, especialmente cuando la economía y el poder obra sin contrapesos sociales, éticos y jurídicos.
EDUARDO ÁLVAREZ G












